Aunque las cifras oficiales hablan de 330 asesinatos, se presume que esa
cifra puede alcanzar los diez mil asesinatos. El estallido social frenó
los planes antipopulares de la Cuarta República.
A fines de la década de los 80,
Venezuela ya atravesaba un panorama de profunda crisis económica y
productiva. Las medidas implementadas en contra del poder adquisitivo
del pueblo elevaban año a año los niveles de pobreza. El fatídico
“Viernes Negro” de 1983 evidenció el rumbo que el país adoptó con
Gobiernos aconsejados y guionados por los organismos financieros
internacionales, cuando la moneda cayó un 188% respecto al dólar. De la
misma manera, la represión de la protesta social y la organización
popular operaba en todo el territorio venezolano. Las tristes masacres
de Cantaura (1982) y Yumare (1986) evidenciaron el modus operandi
utilizado por las fuerzas de seguridad en contra del pueblo, bajo las
órdenes de la DISIP en concordancia con el Ejército.
Carlos Andrés Pérez (CAP) era visualizado por parte de la población como un candidato que podría llegar a implementar medidas de redistribución de la renta petrolera para aliviar la pobreza que aquejaba a la mayoría de los venezolanos. Pero nada de eso iba a ocurrir. El 2 de febrero, CAP asumió la presidencia bajo las órdenes de los organismos de financiamiento internacional, el FMI y el Banco Mundial. Acción Democrática se había convertido en el principal socio de intereses de capitales extranjeros en el país. Tres economistas y un banquero ultraderechista orquestaban la economía nacional: Miguel Rodríguez (ministro Jefe de Cordiplan), Eglé Iturbe de Blanco (ministro de Hacienda), Moisés Naim (ministro de Fomento) y Pedro Tinoco, presidente del Banco Central de Venezuela. Acción Democrática (AD) estaba dividido porque un grupo de sus dirigentes fue excluido de la repartición de cargos dentro del Ejecutivo, desplazados por una élite tecnocrática de corte neoliberal, a la cual llamaron “Ministros gerentes” y funcionarios “yuppies”.
Dos días después de su asunción, el 4 de febrero, CAP y su equipo mantuvieron una reunión con altos mandos del FMI. Como resultado de esa sociedad de intereses, el presidente anunció un paquete de medidas económicas el 16 de febrero en cadena nacional. El plan consistía, básicamente, en la entrega de la soberanía económica y política de la nación.
Como primera medida, abrió las puertas a todas las entidades financieras extranjeras a instalarse en el país, mientras que fortalecía sus solvencias aumentando las tasas hipotecarias en un 50 y 60%. Esto produjo que en un solo día, los alquileres de vivienda se duplicaran. Todas las empresas de servicios públicos consideradas “no estratégicas” fueron privatizadas: Cantv (telecomunicaciones), Viasa (aerolínea estatal), Sidor (Siderúrgica del Orinoco), Cadafe (electricidad), a la par del incremento de todas las tarifas de servicios públicos. Los impuestos a las importaciones se eliminaron de forma progresiva, bajando la competitividad de la producción local. Previamente al anuncio del 16 de febrero, las empresas productoras y comercializadoras de alimentos acapararon los productos, especulando con la suba de precios. Durante diez días, las principales ciudades del país estuvieron desabastecidas.
Se devaluó el bolívar en un 81%, y todos los precios de los productos se liberaron, incrementándose el doble y hasta el triple de su valor de la noche a la mañana. Como contrapartida, el Gobierno de Pérez negocio un préstamo del FMI a corto plazo por 45 mil millones de dólares, que sólo se entregaría durante su mandato.
El termómetro social previo al estallido social
Las reacciones venían produciéndose en algunos focos. La UCV fue escenario de manifestaciones recurrentes donde los estudiantes rechazaban el paquete de medidas económicas, enfrentándose a la represión con consignas como “con hambre y represión no hay concertación” y “exigimos a la prensa que diga la verdad”. El resultado fue el asesinato de un estudiante y varios heridos graves.
La población padecía el aumento de los precios del paquetazo y las exigencias de aumento general de salarios se hacía cada vez más fuerte. Mientras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el Gobierno nacional y Fedecámaras (que nucleaba a las patronales) no llegaban a un acuerdo en este punto. Los rumores de rebelión popular eran reconocidos incluso por la dirigencia de Acción Democrática.
Pero la medida que provocó la reacción de la sociedad fue el aumento de la gasolina, cuyo valor se duplicó sólo en el primer aumento. Esto trajo aparejado el aumento del transporte público. Esta medida no fue anunciada sino hasta el 26 de febrero, generando el rechazo del Sindicato de Transportistas que llamó a un paro nacional para el día siguiente.
Previamente al anuncio del 16 de febrero, las empresas productoras y comercializadoras de alimentos acapararon los productos, especulando con la suba de precios. Durante diez días, las principales ciudades del país estuvieron desabastecidas.
27F: pueblo a la calle en defensa de sus derechos
El 27 de febrero amaneció con un clima de tensión, la calma previa a la tormenta. Los primeros saqueos se produjeron en los barrios caraqueños, pero rápidamente se extendieron en todo el territorio nacional. El pueblo se levantó también en La Guaira, Guarenas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. Por ello, el Caracazo también es conocido como el Sacudón.
El Plan Ávila fue el mecanismo represivo ideado semanas atrás, cuando el estallido social se volvía cada vez menos inevitable. Carlos Andrés Pérez fue quien ejecutó y llevó adelante las órdenes del mismo, en su lugar de comandante en jefe. El Ejército, la Guardia Nacional y la PM actuaron en conjunto en la brutal masacre. La represión dejó como consecuencia el número oficial de 331 fallecidos, aunque la cifra extraoficial alcanza los 10 mil asesinatos.
Las pérdidas materiales de los negocios asegurados en Caracas declaran 3.073.862.416,03 Bs., mientras que las pérdidas en los negocios no asegurados en Caracas se estiman más de 3 mil millones de Bs. Se realizaron más de 2 mil saqueos en bodegas, abastos, ferreterías, papelerías y negocios de mercancías en general. Sólo en Caracas, se produjeron 154 incendios.
El toque de queda se sostuvo hasta los primeros días de marzo. Por lo tanto, la sistemática violación de los derechos humanos quedó amparada en la suspensión de las garantías constitucionales, en el toque de queda y los asesinatos quedaron impunes.
Las consecuencias políticas
El “Caracazo”, inolvidable fecha para el pueblo venezolano, fue un día de profunda resistencia y rechazo a las medidas neoliberales. Para ese año la pobreza crítica alcanzó el 47,5%, mientras que la pobreza general superó el 60%.
Los más altos funcionarios de Gobierno fueron enjuiciados por corrupción y malversación de fondos. Carlos Andrés Pérez fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia en 1993, no pudiendo finalizar su mandato.
Previamente, el 4 de febrero de 1992, un grupo de militares se alzaban contra su Gobierno, fracasando en su objetivo de tomar el poder. El MBR200 era conducido por el comandante Hugo Chávez Frías, quien fue apresado por esa acción.
Pero el pueblo venezolano comenzó a visualizar en ese acto a un hombre que luchaba por la dignidad del pueblo venezolano. Comenzaba el fin de la Cuarta República y la Revolución Bolivariana empezaba a nacer.
Carlos Andrés Pérez (CAP) era visualizado por parte de la población como un candidato que podría llegar a implementar medidas de redistribución de la renta petrolera para aliviar la pobreza que aquejaba a la mayoría de los venezolanos. Pero nada de eso iba a ocurrir. El 2 de febrero, CAP asumió la presidencia bajo las órdenes de los organismos de financiamiento internacional, el FMI y el Banco Mundial. Acción Democrática se había convertido en el principal socio de intereses de capitales extranjeros en el país. Tres economistas y un banquero ultraderechista orquestaban la economía nacional: Miguel Rodríguez (ministro Jefe de Cordiplan), Eglé Iturbe de Blanco (ministro de Hacienda), Moisés Naim (ministro de Fomento) y Pedro Tinoco, presidente del Banco Central de Venezuela. Acción Democrática (AD) estaba dividido porque un grupo de sus dirigentes fue excluido de la repartición de cargos dentro del Ejecutivo, desplazados por una élite tecnocrática de corte neoliberal, a la cual llamaron “Ministros gerentes” y funcionarios “yuppies”.
Dos días después de su asunción, el 4 de febrero, CAP y su equipo mantuvieron una reunión con altos mandos del FMI. Como resultado de esa sociedad de intereses, el presidente anunció un paquete de medidas económicas el 16 de febrero en cadena nacional. El plan consistía, básicamente, en la entrega de la soberanía económica y política de la nación.
Como primera medida, abrió las puertas a todas las entidades financieras extranjeras a instalarse en el país, mientras que fortalecía sus solvencias aumentando las tasas hipotecarias en un 50 y 60%. Esto produjo que en un solo día, los alquileres de vivienda se duplicaran. Todas las empresas de servicios públicos consideradas “no estratégicas” fueron privatizadas: Cantv (telecomunicaciones), Viasa (aerolínea estatal), Sidor (Siderúrgica del Orinoco), Cadafe (electricidad), a la par del incremento de todas las tarifas de servicios públicos. Los impuestos a las importaciones se eliminaron de forma progresiva, bajando la competitividad de la producción local. Previamente al anuncio del 16 de febrero, las empresas productoras y comercializadoras de alimentos acapararon los productos, especulando con la suba de precios. Durante diez días, las principales ciudades del país estuvieron desabastecidas.
Se devaluó el bolívar en un 81%, y todos los precios de los productos se liberaron, incrementándose el doble y hasta el triple de su valor de la noche a la mañana. Como contrapartida, el Gobierno de Pérez negocio un préstamo del FMI a corto plazo por 45 mil millones de dólares, que sólo se entregaría durante su mandato.
El termómetro social previo al estallido social
Las reacciones venían produciéndose en algunos focos. La UCV fue escenario de manifestaciones recurrentes donde los estudiantes rechazaban el paquete de medidas económicas, enfrentándose a la represión con consignas como “con hambre y represión no hay concertación” y “exigimos a la prensa que diga la verdad”. El resultado fue el asesinato de un estudiante y varios heridos graves.
La población padecía el aumento de los precios del paquetazo y las exigencias de aumento general de salarios se hacía cada vez más fuerte. Mientras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el Gobierno nacional y Fedecámaras (que nucleaba a las patronales) no llegaban a un acuerdo en este punto. Los rumores de rebelión popular eran reconocidos incluso por la dirigencia de Acción Democrática.
Pero la medida que provocó la reacción de la sociedad fue el aumento de la gasolina, cuyo valor se duplicó sólo en el primer aumento. Esto trajo aparejado el aumento del transporte público. Esta medida no fue anunciada sino hasta el 26 de febrero, generando el rechazo del Sindicato de Transportistas que llamó a un paro nacional para el día siguiente.
Previamente al anuncio del 16 de febrero, las empresas productoras y comercializadoras de alimentos acapararon los productos, especulando con la suba de precios. Durante diez días, las principales ciudades del país estuvieron desabastecidas.
27F: pueblo a la calle en defensa de sus derechos
El 27 de febrero amaneció con un clima de tensión, la calma previa a la tormenta. Los primeros saqueos se produjeron en los barrios caraqueños, pero rápidamente se extendieron en todo el territorio nacional. El pueblo se levantó también en La Guaira, Guarenas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. Por ello, el Caracazo también es conocido como el Sacudón.
El Plan Ávila fue el mecanismo represivo ideado semanas atrás, cuando el estallido social se volvía cada vez menos inevitable. Carlos Andrés Pérez fue quien ejecutó y llevó adelante las órdenes del mismo, en su lugar de comandante en jefe. El Ejército, la Guardia Nacional y la PM actuaron en conjunto en la brutal masacre. La represión dejó como consecuencia el número oficial de 331 fallecidos, aunque la cifra extraoficial alcanza los 10 mil asesinatos.
Las pérdidas materiales de los negocios asegurados en Caracas declaran 3.073.862.416,03 Bs., mientras que las pérdidas en los negocios no asegurados en Caracas se estiman más de 3 mil millones de Bs. Se realizaron más de 2 mil saqueos en bodegas, abastos, ferreterías, papelerías y negocios de mercancías en general. Sólo en Caracas, se produjeron 154 incendios.
El toque de queda se sostuvo hasta los primeros días de marzo. Por lo tanto, la sistemática violación de los derechos humanos quedó amparada en la suspensión de las garantías constitucionales, en el toque de queda y los asesinatos quedaron impunes.
Las consecuencias políticas
El “Caracazo”, inolvidable fecha para el pueblo venezolano, fue un día de profunda resistencia y rechazo a las medidas neoliberales. Para ese año la pobreza crítica alcanzó el 47,5%, mientras que la pobreza general superó el 60%.
Los más altos funcionarios de Gobierno fueron enjuiciados por corrupción y malversación de fondos. Carlos Andrés Pérez fue destituido por el Tribunal Supremo de Justicia en 1993, no pudiendo finalizar su mandato.
Previamente, el 4 de febrero de 1992, un grupo de militares se alzaban contra su Gobierno, fracasando en su objetivo de tomar el poder. El MBR200 era conducido por el comandante Hugo Chávez Frías, quien fue apresado por esa acción.
Pero el pueblo venezolano comenzó a visualizar en ese acto a un hombre que luchaba por la dignidad del pueblo venezolano. Comenzaba el fin de la Cuarta República y la Revolución Bolivariana empezaba a nacer.
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